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Ley contra el lavado de dinero y los inmobiliarios

Pedro Trueba de Torres*

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Primera de tres partes

El 17 de octubre de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entrará en vigor en julio de 2013.

A través de esta nueva legislación, el gobierno de México establece las medidas y procedimientos para prevenir, detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita; es decir, se busca acotar al crimen organizado donde más le duele: el poder económico que les da el manejo de enormes sumas de dinero en efectivo.

Esta ley, según el Presidente Calderón, "adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero y se instaura así un sistema de vanguardia para la prevención y combate de este delito y la protección de la economía de México". 

En el artículo 17 de la ley se mencionan las actividades  consideradas como actividades vulnerables, (aquellas susceptibles de ser utilizadas para lavar recursos y que deben ser vigiladas por autoridades y empresas)  mencionándose entre otras, las vinculadas a la práctica de juegos con apuestas y sorteos, préstamos de dinero, emisión de cheques de viajero, venta de joyas, venta de inmuebles, venta de vehículos, subastas de obras de arte, donativos, traslado de valores, etcétera.

A nivel internacional, las personas que realizan estas actividades son llamadas “gatekeepers” a partir de las reuniones del G8 en Moscú en 1999, entre ellas están considerados los abogados, fedatarios públicos, contadores, auditores, agentes inmobiliarios y otros comerciantes o profesionistas que por su actividad no financiera han sido designados por especialistas como los más susceptibles a ser usados por el crimen organizado para lavar dinero.

Respecto del tema inmobiliario, hay varios aspectos que es importante tomar en cuenta.

En la fracción V del citado artículo, se establece como actividad vulnerable la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.

En virtud de esto, todos los agentes inmobiliarios quedan como sujetos obligados como lo mencionaba el proyecto de esta ley y por lo tanto deberán acatar lo previsto en ésta.

Para ver la nota completa haz click aquí.

 

*El autor es director general de Century 21 Trueba de Torres. ptrueba@century21.com.mx

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